El “efecto invernadero” nace de la actividad industrial y humana de los países desarrollados. Tal actividad produce una serie de gases contaminantes que se van acumulando en la atmósfera, y crean en ella una capa que concentra el calor sobre la superficie terrestre, del mismo modo que lo hace el plástico de un invernadero. Al mismo tiempo, esos gases van destruyendo lenta pero inexorablemente la capa de ozono que protege nuestro planeta de los rayos dañinos que nos llegan del Sol.

El protocolo de Kioto fue firmado en esa ciudad nipona el 11 de diciembre de 1997, y se estipuló que entraría en vigor el 16 de febrero de 2005, dando tiempo, así, a que cada país fuera tomando las medidas oportunas.

• Ese muro impide que el calor que emite nuestro planeta -tanto el proveniente del lógico calentamiento por el sol, como el que produce la actividad humana- se disperse, por lo que la temperatura de la atmósfera va aumentando poco a poco: se produce el calentamiento global.
• Ese muro impide que la atmósfera se renueve, por lo que los gases contaminantes no se eliminan y se suman a los ya existentes en la atmósfera.
• Y, por último, esos gases van destruyendo una de las capas que rodea al planeta protegiéndole de los rayos nocivos del sol: la capa de ozono.

Diciéndolo crudamente: el “efecto invernadero” impide que salga de la Tierra lo peor que se produce, y favorece que llegue de fuera lo peor que envía el Sol. Todo ello tiene consecuencias gravísimas: El aumento de la temperatura del planeta supone que el hielo de los polos y los glaciares se esté licuando, lo que conlleva, nada menos, un aumento del nivel del mar. Mares y océanos están ganando terreno a las superficie seca de la Tierra, cambiando –o rompiendo- los ecosistemas, conduciendo a la desaparición a los deltas y su benéfico influjo, impidiendo los cultivos de costa, amenazando a las poblaciones ribereñas y costeras, etc. Tampoco hay que pensar mucho para comprender que el calentamiento global tiene consecuencias devastadoras para la agricultura y la ganadería, aumenta las zonas desérticas, favorece la propagación de enfermedades tropicales, cambia los ciclos vitales de numerosa flora y fauna... Y esto sin olvidar que la ruptura de la capa de ozono hace que aumenten en el ser humanos algunas formas de cáncer, especialmente el de piel. Téngase en cuenta, en fin, que el calentamiento global se hace especialmente peligroso por dos razones. Por una parte, no es algo que se note de un día para otro, sino que sus efectos van apareciendo casi insensiblemente de generación en generación, por lo que corremos el riesgo de no hacer caso a este problema (sabido es que el ser humano tiende a no considerar algo como un problema hasta que no me toca a mí directa y gravemente). Y, por otro lado, hay que decir que el calentamiento puede llegar a un punto sin retorno, a un punto en el que el problema sea de tal magnitud que ya no haya solución.

El problema es que suprimir por completo esos gases supondría, actualmente, prescindir de muchos aparatos de aire acondicionado, de neveras, de aerosoles, de plásticos, de algunos sistemas de calefacción, de muchos procesos industriales, y de un largo etcétera que incluye nada más y nada menos que... ¡los coches, los camiones, los autobuses...!

Como no podemos esperar a que la ciencia encuentre soluciones alternativas a toda esa larga lista, el Protocolo de Kioto empuja a que se produzca una reducción drástica en todos aquellos campos en los que ya es posible emplear formas de producción menos contaminante. Pero no sólo. De hecho, aunque en los primeros años de desarrollo del Protocolo de Kioto casi toda la investigación se centraba en evitar emisiones contaminantes, actualmente la línea de trabajo se inclina más a lo referente al sistema energético mundial, del que se ve que debe dar un giro de 180 grados hacia la búsqueda y utilización de energías diversas, limpias y renovables, dejando de lado los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

Esto afecta, sobre todo, a los países industrializados. pero también las naciones en vías de desarrollo tienen su parte. Ellas son –piénsese, por ejemplo, en los colosos chino e indio- quienes van a sufrir primero los efectos más demoledores del problema, y a ellos es a quien primero hay que ayudar para dotarles de recursos que permitan, a la vez, su industrialización y su no emisión de contaminantes.

El origen del Protocolo de Kioto hay que buscarlo en la Cumbre de la Tierra que, convocada por la ONU, de celebró el año 1992 en Río de Janeiro (Brasil). Allí se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, en sus siglas inglesas). La Convención entró en vigor en 1994, auspiciada por 188 países. Tres años más tarde, en Kioto (Japón) se aprueba el Protocolo de esa Convención, que acuerdan 180 países, dándose de plazo hasta 2005 para que cada cual fuera preparándose. Y, en ese 2005, empezar la reducción de emisiones, que debe estar cumplida en 2012. Lo malo es que ese plazo de preparación ha servido también, desgraciadamente, para que de los países que firmaron el acuerdo en 1997, se hayan descolgado 39, de modo que, finalmente, el Protocolo ha sido ratificado por 141.

En esos 141 países los hay tanto industrializados como subdesarrollados. Los industrializados, que son 30, adquieren la obligación legal de reducir sus emisiones de los seis gases dichos arriba de “efecto invernadero” en un 5,2% de media respecto a lo que emitiera cada uno en 1990, y que esto deben hacerlo entre 2008 y 2012; pueden empezar antes, claro, pero la obligación legal afecta a ese periodo). Los países de la Unión Europea se comprometen a una reducción media del 8% (un reparto interno de la propia Unión ha ampliado o reducido a los diversos países europeos las metas fijadas en Kioto); Japón tiene que reducir un 7% y Estados Unidos -que, como se dirá, no ha ratificado el Protocolo- un 6%.

Por su parte, los países subdesarrollados se comprometen a no llegar a determinados niveles contaminantes, a la vez que pueden “comprar” emisiones de gases a los países desarrollados, siempre dentro de los límites prescritos. Esa “compra” les beneficia, pues se trata de que la industria concentrada en el Primer Mundo vaya en parte a esos países, beneficiándoles a ellos -si el provceso se hace bien, claro, y no fomentando la explotación laboral- y permitiendo a los países desarrollados que se desprenden de esas industrias reducir sus cifras de contaminación.

La dificultad a la hora de aplicar el Protocolo de Kioto y vigilar su cumplimiento no está en las muchas cifras que hay que manejar. Por complejos que sean los cálculos que haya que hacer para comprobar si cada páis cumple o no, está claro que tenemos medios sobrados para hacer ese seguimiento.

Tal es el auténtico problema al que los garantes del Protocolo de Kioto tendrán que estar muy atentos. El acuerdo de Kioto no vale para nada si sólo se mira el dinero y el presente, y no se tiene la ética de pensar en el bien de TODOS. Nosotros no nos vamos a morir por el cambio climático, pero quién sabe que Tierra tendrán nuestros tataranietos. Da lo mismo que la fábrica esté en España o en la India: para el planeta Tierra, lo importante es que contamina. De hecho, da mucho que pensar el dato de que los países industrializados, con el 20% de la población mundial, somos responsables de más del 60% de las emisiones actuales.

Es cierto que el Protocolo de Kioto contempla que los países que no hayan cumplido los objetivos en 2012, tendrá que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3. Además, en la Unión Europea también están previstas multas económicas. El problema es quien impone esa sanción. Y es que el qué hacer si un país no cumple aquello que se comprometió en el Protocolo de Kioto escapa al protocolo. En realidad, es un problema de política internacional, pues, en estos momentos del desarrollo humano, sólo existe un organismo superior a las naciones: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Pero es claro que este tribunal sólo puede ocuparse de delitos, y no es éste el caso (dejando aparte que no todos los países reconocen la autoridad del TPI).

¿Se logrará? Los especialistas dicen que el gobierno puede hacerlo para la fecha límite de 2012 si fomenta el no depender tanto del petróleo dando paso a las energías renovables (eólica, solar...) y limpias (biomasa, térmicas con el calor terrestre, etc.), y, a la vez, hace planes serios -y no meramente testimoniales- de cooperar con países en vías de desarrollo para que ellos puedan tener parte de nuestra industria (sin esclavizarles a ellos y sin aumentar parados nosotros).